Nuestros Derechos

Saturday, October 28, 2006

Nuestros Derechos

Nuestros derechos
El respeto de estos derechos es hoy en día considerado como un valor de dimensión planetaria, inspira los desarrollos más positivos del ordenamiento internacional y de la organización constitucional de los países democráticos. En nuestros días ya no es concebible una democracia sin el reconocimiento eficaz y la garantía efectiva de los derechos básicos de todo ser humano. La autenticidad de un sistema democrático se determina hoy en función de los derechos humanos: En función de la manera como ellos son objeto de tutuela y de aplicación en las diversas situaciones del acontecer social y de la vida política de un pueblo. Con mucha razón sostiene nuestra Corte Constitucional que la dignidad humana, fin último y fundamento mismo de la organización política, “sólo puede ser garantizada mediante la efectiva protección de los derechos humanos”. En síntesis, todos los países Democráticos se caracterizan por tener una
declaración de derechos donde se reconocen la dignidad, la libertad y la igualdad humana, que dan a las personas las herramientas para la búsqued real democracia a de su bienestar y para convivir con los demás miembros de la sociedad. A continuación conocerás cuáles son los derechos que declara la constitución nacional en su título segundo
Derechos Fundamentales
Los Derechos Fundamentales nos protegen desde que nacemos, lo cual significa que gozamos de ellos por el solo hecho de ser personas. Un derecho es fundamental cuando hace parte de aquellos bienes jurídicos que por estar inseparablemente unidos a la condición humana, por integrar su núcleo jurídico primario, constituyen el fundamento de toda comunidad política, en cuanto le sirven de principio y de razón primordial. Son de otra manera, los derechos inherentes a la persona humana de que nos habla el articulo 94 de la Constitución Nacional: Los derechos que todo ser humano lleva como atributos jurídicos innatos, que existen con anterioridad al surgimiento de las normas positivas y que se caracterizan por su calidad de inalienables, en cuanto no admiten su venta, cesión ni transferencia de su contenido imprescindible. Algunos de Fundamentales son:
El derecho a la vidaNuestros Derechos
El articulo 11 de la Constitución de 1991 estableció: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Con la norma que acaba de citarse empieza el Capítulo I del Título II de la Constitución, capítulo en el cual se enuncian los derechos fundamentales: los derechos que por ser inherentes a la persona humana, corresponden al hombre por el mero hecho de existir. Un derecho tiene jerarquía fundamental cuando en el se concreta una de aquellas exigencias radicales que la dignidad humana plantea como primera causa de lo jurídico el derecho a la vida y los demás derechos primarios de la persona son fundamentales porque ellos sirven de base al desarrollo integral del ser humano, sin el que son inconcebibles la construcción del orden político y el logro de la paz social. El derecho a la vida es el primero y más importante de los derechos fundamentales, pues viene a ser la condición más importante para el ejercicio, el goce y el
disfrute de los demás bienes jurídicos que tienen por titular a la persona.
El derecho a la vida es inviolable
El derecho a la vida es absoluto e inalienable. La absolutidad hace referencia directa a su carácter supremo y prioritario, pues solo de modo excepcional deja de prevalecer en caso de conflicto con otro derecho. La
inalienabilidad se refiere a su condición de bien jurídico no susceptible de ser abandonado, transmitido o revocado. Una y otra calidad hacen que la vida sea, simultáneamente, un bien personal y n bien comunitario. Como bien personal los demás le deben respeto. Como bien comunitario. Como bien personal los demás le deben respeto. Como bien comunitario no puede ser arrebatado sin hacer injuria al cuerpo social. El derecho a la vida
es el derecho de toda persona a conservar intangible su esencia y su naturaleza, y por ello, el acatamiento al ser del viviente constituye el mas arraigado y secular de los valores éticos de la humanidad. Como absoluto e inviolable, el derecho a la vida se caracteriza por su inviolabilidad. Es un derecho que nadie puede vulnerar o amenazar sin
cometer injusticia, pues quien lo hace atenta contra la condición irreductible del ser humano y afecta un valor que no es de libre disposición. La inviolabilidad del derecho a la vida puede considerarse en sentido negativo y en sentido positivo. En sentido negativo, la inviolabilidad del derecho a la vida consiste en que nadie debe en caso alguno matar intencional e injustamente a un ser humano. Ni la autoridad pública ni los particulares pueden lesionar o poner
en peligro ese derecho, salvo en aquellas situaciones donde la ley justifica su vulneración.
No habrá pena de muerte
En la segunda parte del artículo 11 se reitera la volición de la pena de muerte, decretada por la constitución de 1863 y por el acto legislativo No. 3 de 1910. En los últimos 132 años Colombia ha sido abolicionista durante 108 y retencioncita durante 24, pues entre 1886 y 1910 la pena capital fue restablecida por disposición constitucional. En el mundo hay por lo menos 100 países que aplica la pena de muerte para sancionar todo género de delitos comunes (desde el asesinato hasta el adulterio). El número de estados abolicionistas ya pasa de 50.
El derecho a no ser desaparecido
El artículo 12 de la Constitución establece que nadie será sometido a desaparición forzada. Por lo tanto, se reconoce la inmunidad física y moral de toda persona contra cualquier acto de violencia con el cual se busque desidentificarla, privarla del status que le confiere el hacho de ser siempre la misma, valiéndose para ello del empleo combinado de la arbitrariedad y del engaño.
¿Cuando hay desaparición?
Cuando se producen sucesivamente cuatro hechos: La aprehensión de una persona por servidores públicos o por
particulares que obran bajo la determinación o con la complicidad de aquellos. La reclusión de la persona reclusa
La ocultación de la persona reclusa. La negativa dolosa de las autoridades a reconocer la aprehensión, la
reclusión, o uno y otro hecho. Por aprehensión se entiende cualquier acto material por el que una persona cae en poder de otra, exista o no para ello una orden de captura. Por reclusión se entiende cualquier forma de privación de libertad como el encarcelamiento, internación entre otros, por ocultación se entiende la acción de mantener al recluso en condiciones que le impidan ser visto y oído por quienes legítimamente tratan de establecer su paradero. La desaparición forzada es un típico crimen de estado. Para que se presente, el hecho debe tener a empleados oficiales como autores
materiales, como provocadores o como cómplices primarios. Por lo tanto no es acertado técnicamente hablar de desapariciones perpetradas por grupos insurgentes, bandas terroristas o pandillas de criminales comunes. Cuando
personas de condición particular retienen y ocultan sin la instigación o la ayuda de la autoridad, no hay desaparición, sino secuestro. Para que exista desaparición forzada no es necesario que la aprehensión del sujeto pasivo sea ilegal o arbitraria. Persona capturadas en virtud de una orden judicial o al ser cogidas en la acción o consumación del delito,
pueden convertirse en victimas de ese crimen si con respecto a ellas se dan la ocultación y la negativa ya descritas. Es igualmente importante recordar que la desaparición forzada es un hecho con el cual se busca ejecutar otros delitos, ocultar su comisión o asegurar la impunidad para sus autores. No es muy común que las victimas de las desapariciones logren sustraerse a la tortura o a homicidio agravado. También es práctica reiterada de los desaparecedores el ocultamiento del cadáver de la victima, con el fin de evitar su hallazgo e identificación.
El derecho a la integridad personal
En un barrio marginado de la gran ciudad un padre de familia golpea con una tranca a su hijo adolescente. En el sótano de una mansión los narcotraficantes flagelan a una mujer para obligarla a revelar el paradero de su marido. En un cai los indigentes son destrozados a golpes y palazos. En un campamiento guerrillero se atormenta a un grupo de sargentos secuestrados. Todos estos actos de violencia tienen en común que con cada uno de ellos se vulnera el derecho de toda persona a mantener y a desarrollar la plenitud única e irrepetible de su estructura personal, su derecho a conservarse física y psíquicamente integro. La integridad personal se identifica con el estado inalterable del organismo humano: con la ausencia de menoscabo en el cuerpo o en la salud. Dicha integridad desaparece cuando la persona sufre daños que le producen incapacidad para trabajar, enfermedad, deformación, mutilación, perturbación funcional o alteración de las facultades mentales. El derecho a la integridad es el que toda persona tienen a no ser víctima de conductas injustas que causen detrimento en su dimensión tanto físicas como mentales, es decir, en pocas palabras se trata de un derecho fundamental estrechamente vinculado al derecho originario y primario a la vida. Cuando en nuestra Constitución en el artículo 11 se reconoce el derecho a la vida, se reconoce igualmente la inviolabilidad del derecho a la integridad personal. Es decir, si toda persona tiene derecho a que el estado y los demás hombres respeten y protejan en todo momento su ser. Nuestra Constitución Nacional lo reconoce expresamente en su articulo 12: “Nadie será sometido........ a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La Tortura
La norma constitucional se refiere e primer lugar a la tortura, hecho punible no solo ante la ley penal colombiana, sino ante el ordenamiento jurídico internacional. Según el artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros ntratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por el congreso de Colombia mediante la ley 70 de 1986. Se entiende por tortura todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” de esa definición podemos extraer cuatro elementos sancionatorios que son:
1. El sujeto activo: Es decir el autor del hecho que puede ser:Una persona que trabaja al estado de cualquier forma laboral Una persona particular investida de funciones públicas. Una persona particular que obre instigada por agentes del estado o con apoyo en su conformidad.
2. El sujeto pasivo: Quien es la victima de la tortura, puede ser cualquier persona, sin consideración de su sexo, edad, inocencia o culpabilidad, antecedentes penales y demás condiciones que la individualicen.
3. La conducta: Es la acción de ocasionar daño ya sea al cuerpo o en la mente del sujeto pasivo que recordemos es la víctima.
Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El ya citado artículo 12 de la Carta política prohíbe esta clase de actos. Es cruel lo que se caracteriza por su índole insufrible y excesiva. Inhumano, lo que revela falta de sensibilidad. Degradante, lo que rebaja y humilla. Generalmente estas tres notas negativa aparecen mezcladas en las conductas violentas, por que todo lo cruel es inhumano y todo lo inhumano resulta degradante. Pero obsérvese que el constituyente no solo ha proscrito los tratos que por su rigor merezcan esos calificativos, sino también las penas del mismo linaje. La crueldad, la inhumanidad y la degradación deben, pues, quedar excluidas de los instrumentos punitivos que el estado emplea par a reprimir a los delincuentes.
El derecho a la intimidad
Este derecho está reconocido por el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, el artículo 11 de la convención americana sobre derechos humanos y el artículo 15 de la Constitución Política. En donde se establece que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.
¿Qué es la intimidad?
Tiene su origen en el término latino de INTIMUS que significa interior o interno, y se emplea en español para referirse a la esfera más profunda, inherente y reservada de la personalidad del ser humano. Por extensión también se llama intimidad el ámbito de la vida familiar o asociativa que tienen las mismas características de interioridad y de reserva. El derecho a la intimidad es el que toda persona tienen a mantener libre e inaccesible aquella zona de su vida en la cual se producen hechos cuya existencia y desarrollo no deben, sin justa causa, llegar al dominio público. Tales hechos abarcan un amplísimo espacio de la existencia cotidiana de cada ser humano y de ellos forman, entre muchos, los concernientes a la sexualidad, a las funciones eliminatorias, al estado de salud, a las circunstancias de angustia o dolor, a los secretos familiares, a las creencias o convicciones o declaradas, a los sucesos bochornosos o mortificantes, deben incluirse en el ámbito propio de la intimidad todos los hechos que en un momento histórico determinado y en un ambiente también determinado se consideran generalmente como propios de una esfera humana que debe quedar fuera del conocimiento delos demás.
Intimidad y libertad de información
El derecho a la no violación de la vida privada no es, por regla general, oponible al ejercicio legitimo de la potestad judicial y de otras potestades públicas. Por el contrario, todo conflicto entre el derecho fundamental a laintimidad y el derecho fundamental a la libertad de información debe resolverse, generalmente, a favor del primero. Nuestra Corte Constitucional se refirió al respecto de la siguiente forma: “ En caso de conflicto insoluble entre ambos..... la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información es consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial, a la vez, del Estado Social de derecho. Una vez enfrentados el derecho a la intimidad y el derecho a informar y aser informado, apenas en un caso excepcional prevalece el segundo. Cuando la búsqueda y la difusión de datos pertenecientes al circulo de lo intimo se justifican de modo inequívoco por su conexión directa e inmediata con una seria exigencia del interés público. Tanto el inquirir acerca de la vida privada como el divulgar sobre ella noticias y comentarios, son hecho que solo resultan lícitos e irreprochables si responden a la imperiosa necesidad de permitir el acceso de los destinatarios de la información al conocimiento de una verdad frente a la cual no cabe el silencio. No basta, en consecuencia, la mera curiosidad de informadores y de informados para justificar la invasiones de la llamada zona sagrada de la personalidad.
El derecho al buen nombre
Honor, honra, y fama
Toda persona tiene tres bienes personalísimos que conforman su patrimonio moral. El primero de ellos es el honor. El segundo de ellos es la Honra. El tercero es la fama o el buen nombre. El honor puede ser comprendido como una realidad doble, es decir de un lado, es el crédito moral que deriva de la dignidad de todo ser humano. Del otro, es el testimonio del mérito propio de un hombre concreto y singularizado. Mientras que como crédito moral el honor corresponde a todos los miembros de la humanidad, como testimonio del mérito individual varia de un hombre a otro, según las acciones y responsabilidades de cada quien. El derecho al honor es el que toda persona tiene a ser tratada
conforme a la prioridad ontológica y moral que le otorga su propia condición humana, y de acuerdo con las cualidades que la distinguen en su obrar.El derecho al honor se afecta o su vulnera cuando la persona afectada es tratada como cosa y no como persona, como medio y no como fin, desconociendo el realce y de la prioridad que ostenta todo integrante del genero humano. Ello ocurre, por ejemplo, cuando alguien es victima de los tratos o penas degradantes que prohíbe el Artículo 12 de la Constitución, o cuando se hace objeto de las discriminaciones y marginaciones a que se
refiere el artículo 13 de la Carta Política. La Honra es el reconocimiento social del honor, entendido como reflejo de nlas virtudes personales. El derecho a la honra es el que toda persona tiene a que el Estado y los demás hombre den acatamiento y consideración a las proyecciones de su rectitud y de su bondad. Atentan contra el derecho a la honra todas las conductas dirigidas a negar ese reconocimiento mediante palabras, gestos, dibujos o acciones. Es también necesario mencionar para que tengamos una idea mas global es la fama o juicio que de una persona se han hecho las otras, este juicio puede ser favorable o negativo, que se distingue tradicionalmente como buena fama y mala fama. En la sociedad, la fama es una valoración, por ello se le ha definido como la opinión que los demás tienen de nuestras bondadosas cualidades, así espirituales como corporales. A la fama también se le denomina buen nombre o reputación.
Derecho fundamental a la fama
La fama o el buen nombre es uno de los bienes jurídicos primarios atribuidos al hombre por su juridicidad natural. La reputación es parte de aquellas cosas justas que el hombre lleva consigo como derechos vinculados a su propia condición de ser libre, dominador exigente y lleno de relaciones sociales.
Buen nombre y acción de tutela
Como derecho fundamental, el derecho al buen nombre puede ser objeto de protección judicial inmediata en caso de vulneración o amenaza. Acción de tutela instituida en el articulo 86 de la Constitución procede en el caso de que una persona este siendo difamada por un periódico, noticiero o programa radial o tele noticiero.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad
El artículo 16 de la Constitución reconoce que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin mas limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. El libre desarrollo de la personalidad no es otra cosa que la autonomía personal, la independencia radical de todo ser humano para obrar sin ser interferido al elegir su propio plan de vida y al adherir se a sus ideales de existencia. Desarrollar libremente la personalidad consiste en ejercer, con el mínimo posible de restricciones, la llamada libertad general de actuación. Se señala en la Constitución dos límites en el ejercicio de este derecho fundamental. El primero de ellos es el que imponen los derechos de losdemás, y el segundo de ellos es el impuesto por el orden jurídico.
En consecuencia, nadie podrá lícitamente en Colombia, con la ocasión o pretexto de desarrollar libremente su personalidad, incurrir en acciones u omisiones que produzcan resultados contrarios a la moral social. Así por ejemplo, aunque las personas de condición homosexual tienen reconocido por la Constitución el derecho de autodeterminarse en sus elecciones erótico – sexuales, en caso alguno será admisible que alguna de ellas, por depravación o por estupidez, invoque tal derecho para ofender la libertad y el pudor de los niños.
Autodeterminación personal y tolerancia
El deber Constitucional de respetar los derechos ajenos tiene su primera manifestación en la tolerancia de los planes de vida que otras personas hayan adoptado en ejercicio de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Somos tolerantes cuando nos abstenemos de importunar, perturbar, molestar o coaccionar a quienes piensan, sienten,
opinan o actúan en forma que me resulta poco familiar, extravagante, desagradable o equivocada.
La tolerancia consiste, ante todo, en el respeto por la diferencia, en esforzarse siempre por aceptar a los demás miembros de la familia humana por lo que son ante todo el derecho y la justicia, sin reparar en sus limitaciones, carencias, errores y extravíos. Con actitudes tolerantes cumplimos muchas veces el viejo precepto de hacer con los demás como queramos que los demás hagan con nosotros, porque quien tolera renuncia a la intransigencia, a la cerrilidad y a la incomprensión. Dentro de los Derechos fundamentales también encontramos el Derecho ala objeción de Conciencia, el Derecho a la libertad Religiosa, el Derecho a no ser obligado a declarar, el Derecho de petición, El derecho de acceso a los documentos, El Derecho al sufragio, El Derecho a no ser desplazado y el Derecho de resistencia.
Derechos sociales, económicos y culturales
Estos derechos se encuentran ubicados en el capítulo II de Nuestra Constitución Nacional a Diferencia de los Derechos Fundamentales los cuales protegen cada uno de los aspectos de nuestras vidas para su desarrollo pleno, los derechos sociales, económicos y culturales, son aquellos que protegen a los diferente grupos de la sociedad, para
garantizarnos unas condiciones de vida digna. La Constitución nacional protege a:
La familia
Se encuentra en el Artículo 42, señalando que nadie puede atentar en contra de la honra, la dignidad y la intimidad del núcleo familiar; que las relaciones familiares deben darse reconociendo derechos y deberes desde el papel que cada uno de sus miembros desempeña, y que estas relaciones deben ser respetuosas.
Las mujeres
Se encuentra promulgado en el Artículo 43, estableciendo que los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades; es decir, que estas no pueden ser discriminadas por su sexo, y que no pueden ser expulsadas de su trabajo cuando quedan embarazadas. Igualmente contempla una protección especial a la mujer cabeza de familia.
Los niños
Se encuentra contemplado en el Artículo 44 y siguientes, cuyos derechos están consagrados de manera especial dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, y que incluyen derechos como la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, la nacionalidad, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Toda persona menos de 18 años se considera niño, el estado Colombiano protegerá a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, y trabajos riesgosos. Los niños gozaran también de los demás derechos consagrados, en la constitución en las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia “ Los derechos de los niños prevalecen sobre el de los adultos”
Los jóvenes
Se encuentra señalado en el Artículo 45, señalando, que el estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los adolescentes en los organismos que tengan a cargo la protección, la educación y el progreso de la juventud; como parte de la formación integral a la cual estos tienen derecho.
Las personas débiles psíquica y físicamente
Esta contemplado en el artículo 47 de la Constitución Nacional, señalandoque el estado debe prestar la atención que estar requiere, por medio de políticas de previsión, rehabilitación e integración social.
Las personas de la tercera edad
Se encuentra contemplado en el Artículo 46 pues garantiza a los ancianos asistencia, servicios de seguridad social e integración a la vida activa y comunitaria. Además, es responsabilidad del estado encargarse de los ancianos en estado de indigencia y garantizarles por lo menos un subsidio de alimentación. Otros derechos económicos, sociales y culturales son el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la participación en la vida cultural y científica.
Derechos Colectivos y del Medio Ambiente
Además de los derechos anteriormente expuestos debemos tomar conciencia de los derechos que nos protegen a todos como miembros de la comunidad y que están orientados a garantizar el bienestar familiar, el aprovechamiento de los recursos naturales, la integridad de un ambiente sano y de un espacio publico entre otros. Estos derechos son:
Derecho a la buena calidad de los bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad
Se encuentra contemplado en el artículo 78 de nuestra constitución, y se refiere en que el estado debe garantizarnos las buena prestación de servicios y que, además debe controlar que los bienes que se nos ofrecen no atenten contra nuestra salud y seguridad. De igual manera debe regular la información que se suministra a las personas en la comercialización de estos.
Derecho a gozar de un ambiente sano
Se encuentra promulgado en el artículo 79 de nuestra constitución , es decir, que nadie puede atentar en contra de los recursos naturales porque nos pertenecen a todos. Por eso, es deber del estado la proteger ladiversidad del ambiente, conservar la áreas ecologías, planificar el manejo de los recursos y prohibir la fabricación, importación y uso de armas
químicas, biológicas o nucleares cuyo uso deteriora el ambiente. También quiere decir que las decisiones que pueden afectar el medio ambiente se debe tener en cuenta la participación de la comunidad.
Derecho al espacio publico
Se encuentra promulgado en el artículo 82 es decir, que nadie puede apropiar de los espacios que nos pertenecen a todos como las calles, los puentes, las plazas, los ríos, los parques, las playas y los andenes.
Otros derechos colectivos y del medio ambiente son
El derecho de disponer de condiciones de seguridad publica, el derecho a la salubridad en la vida colectiva. El derecho que los funcionarios públicos no atenten contra la moral de sus altos administrativos. El derecho a la
publicidad y la información de los bienes y servicios que se le ofrecen al públicos sean ciertos. El derecho a participar a la asociación de consumidores y usuarios. El derecho a la paz.
No basta con promulgar derechos y deberes, sino se crean mecanismos que faciliten su defensa; y eso fue lo que se pensó cuando se elaboro la actual constitución, de manera tal que se crearon mecanismos especiales de protección y aplicación de los derechos fundamentales los cuales son:
Acciones Ciudadanas
Debe tenerse en cuenta que la Constitución de 1991 consagra nuevas acciones, que pueden ejercerse ante diferentes jueces, por medio de los cuales se ejerce un control de legalidad de las actuaciones de las autoridades. Estas acciones son:
Acción de tutela
Toda persona tendrá acción de tutela, para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario, es decir, que tiene prevalecía y acatamiento inmediato, que puede ser impuesta por si mismo o por quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier actividad publica. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite la tutela, actúa o se abstenga de
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso este lo remitirá a la corte constitucional para su eventual revisión..... en ningún caso podrá transcurrir mas de 10 Díaz entre la solicitud de tutela y su resolución (Art. 86), desarrollado por el Decreto 2591 de 1991.
Derechos Protección de los Características Derechos protegidos por la tutela
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales.Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos (que el derecho que se ha afectado tenga conexión con un derecho fundamental), la Corte constitucional le dará prelación a esta decisión.
Principios
El tramite de la acción de tutela se desarrollara con arreglo en los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
Interpretación de los derechos tutelados
Los derechos protegidos por la acción de tutela se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela procede contra toda acción y omisión de las autoridades publicas, que haya violado, viole, o amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de
particulares que desarrollan actividades que desarrollan actividades publicas, es decir que sea del deber del estado. La tutela procederá aunque el acto de violador o amenazador este manifestado en un acto jurídico escrito.
Por quien puede ser interpuesta
Todas las personas pueden actuar directamente para el ejercicio de la acción de tutela cuando es a nombre propio. Pero si la petición se le eleva a favor de otro, debe tener titulo de abogado salvo que sea una persona incapacitada para hacerlo en cuyo caso lo puede hacer cualquier persona. También puede instaurar la acción de tutela a nombre de otros el defensor del pueblo.
Puede ser interpuesta verbal o por escrito
En cuyo caso el despacho respectivo estará obligado a recibirla de esta manera.
¿Cuándo se extingue?
La acción de tutela nunca se extingue. Puede interponerse en cualquier tiempo pero por simple lógica tiene que tenerse en cuenta que la actividad transgresora de los derechos fundamentales no se haya agotado, pues si
ya se produjo la violación no es necesario su ejercicio, precisamente previsto para pedir la protección de los derechos o para impedir que sufran menoscabo.
¿Cuánto Cuesta? En principio el ejercicio de la acción de tutela es totalmente gratuito.
¿Cuándo no procede la acción de tutela?
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales para salvaguardar el derecho a menos que la acción de tutela se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado mediante una indemnización.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas hábeas.
3. Cuando se pretendan proteger derechos colectivos, como la paz y los demás mencionados en el articulo 48 de la constitución política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o perjudicados.
Contenido de la solicitud En la solicitud de tutela se expresara, con la mayor claridad posible.
1. El juez a que va dirigido, que puede ser cualquier juez unipersonal
2. La acción u omisión que la motiva,
3. El derecho que se considera violado o amenazado
4. El nombre de la autoridad publica si es posible o el órgano autor de la amenaza
5. La descripción de las circunstancias relevantes para decidir la solicitud.
6. El nombre y el lugar de residencia del solicitante.
Desacato Sanciona el Decreto 2591 de 1991 el cual reglamenta la acción de tutela en su artículo 52, el incumplimiento de un fallo de acción de tutela con arresto hasta por seis meses y multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales
vigentes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez que decidió la tutela. A las mismas sanciones estará sujeto quien reitere un comportamiento que ha dado lugar a la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado.
El Habeas Corpus
Es un mecanismo que garantiza el especial cumplimiento del derecho a la libertad personal, es decir, que cuando una persona es capturada por las autoridades publicas de manera injusta puede entablar el habeas corpus. En nuestro país existen razones justas para que las autoridades publicasm detengan a una persona, como cuando un juez ordena la captura de alguien o cuando se detienen a una persona mientras comete un delito, pero, si la persona es capturada sin motivo alguno y si durante las 36 horas siguientes a su captura no es llevada ante un juez, loas parientes, los amigos o el mismo detenido pueden interponer el habeas hábeas para que resuelva la situación en un termino máximo de 36 horas.
Acciones populares
La Consagra nuestra Constitución como medios para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad publicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros definidos en la ley. Su regulación esta constitucionalmente deferida a la ley, respecto de las acciones originadas en los daños causados a un numero plural de personas, los mismo que la definición de los casos en que se produce responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a los intereses y derechos colectivos.
Características
¿Quién puede interponer la acción?
Las acciones populares están consagradas a favor de toda persona. Es decir que, pueden ser ejercidas por capaces. Incapaces, personas naturales y personas jurídicas privadas y oficiales. También están al alcance de agrupaciones como las O.N.G, las organizaciones populares, sociedad civil, entre otras. El demandante puede actuar directamente o por conducto de su representante legal, cuando se trata por ejemplo, de personas jurídicas o de incapaces. Si se trata de personas naturales capaces, lo indicado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 229 de la carta que guarda concordancia con el artículo 25 es la actuación personal y directa del interesado; pero si actúa por interpuesta persona, el mandatario debe ostentar titulo de abogado.
¿Qué actos se controla?
De acuerdo con lo expresado en el Artículo 9, las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades publicas o de los particulares habilitados para el ejercicio de funciones publicas, que violen o pongan en peligro los intereses colectivos. Es decir que, estos mecanismos son susceptible de ejercerse en principio, cuando las actividades administrativas, judiciales o legislativas vulneren o amenacen los derechos colectivos de la comunidad. el caso podría darse ante una ley o frente a un acto administrativo que dispongan la celebración de un contrato tendiente a
la construcción de una represa o de una obra publica que atenten contra el ambiente sano. O, ante una sentencia de cualquier juzgado o tribunal que ordene la entrega de un inmueble a una fabrica de sustancias toxicas, en
cuanto pueda constituir amenaza a los derechos colectivos. En principio las acciones se dirigen contra el funcionario o el particular responsable de la actuación transgresora de los derechos; ero si no es posible su individualización, el juez debe determinarla.
¿Ante quién se puede interponer?
Corresponde el conocimiento de las acciones populares a la jurisdicción de los Contencioso Administrativo cuando se trata de actividades publicas ejercidas por autoridades, o de particulares cuando cumplen funciones administrativas.
Requisitos de la Demanda
Según los previsto por el artículo 18, la demanda debe contener: Nombre de quien la interpone y su identificación
La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o quebrantado Los hechos que originan la perturbación Las pretensiones de quien la interpone Individualizar la autoridad o el particular responsable de la violación Las pruebas que sean fundamento de los hechos Dirección y notificaciones
Trámite
Dentro de los tres días siguientes a su recibo el juez podrá pronunciarse sobre la admisión de la demanda. Si ella no cumple con los requisitos mínimos el juez devolverá para su corrección en el término de 3 días vencidos, los cuales estos si no se subsanan las fallas se rechazan.
Acciones de grupo
Se encuentra regulado por la ley 472 de 1998 Artículos 46 y siguientes. Están previstos estos mecanismos defensivos, para el evento en que un numero plural de personas, individualmente hayan sufrido perjuicios como consecuencia de una misma actividad imputable a las autoridades y a los particulares habilitados para tal desempeños de cometidos estatales. No suministra la norma indicación alguna sobre el carácter de la “causa vulnerable de los derechos” en consecuencia esta acción puede estar constituida por actos u omisiones y en general cualquier condición estatal
que sea generadora de perjuicios a un numero de personas no inferior a 20 en condiciones uniformes de tiempo, modo y lugar. Lo anterior tiene su razón de ser por cuanto esta acción tienen como finalidad principal
preservar los principios de economía y eficiencia, ya que permite en un solo proceso proteger los intereses económico de un grupo de personas damnificadas por la actuación del estado.
Características
¿Quiénes pueden interponer la acción?
La acción en grupo puede ser ejercida por un conjunto de personas no inferior a 20, y por las personas jurídicamente perjudicadas, por los personeros municipales distritales y por el defensor del pueblo. El ejercicio de esta acción requiere los servicios de abogado titulado e inscrito. Cuando son varios los apoderados, se integra un comité, que tendrá como coordinador al apoderado del mayor número de perjudicados, o en su defecto aquel que de común acuerdo designe el comité.
¿Cuándo se extingue?
El artículo 47 expresa que sin perjuicio de la acción individual que se encuentra en cada persona damnificada, la acción de grupo debe ejercerse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causo el daño o
ceso la actividad generadora de las lesiones al patrimonio jurídico. Esta norma permite presumir que, cuando el perjuicio lo han padecido una persona o un numero inferior a veinte, puede ejercerse por el damnificado a los damnificados las acción individuales, pero no aclara a cuales se refiere. En estas circunstancias debe suponerse que se trata de la acción prevista en el Código contencioso administrativo en su articulo 86 como se advirtió, porque la acción popular no parece estar instituida para la obtención del pago de perjuicios individuales.
¿Ante quien debe interponerse?
Según el artículo 50 y 51 de la correspondiente ley debe interponerse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si se trata de funciones propias del estado. Actualmente ante la falta de los jueces administrativo la acción debe interponerse ante los tribunales contenciosos administrativos que decidirán en primera instancia.
Efectos de la decisión
En estas acciones la sentencia surte efectos entre las partes que acudieron al proceso. Pero presenta como particularidad que también extiende sus alcances a quienes perteneciendo al conjunto no expusieron
oportunamente su voluntad de ser excluidas del grupo y de los resultados el juicio. El caso podría darse cuando varias familias, como consecuencia del montaje de una gran empresa se ven perjudicadas en sus derechos al agua, al ambiente sano, a la tranquilidad, a las vías de comunicación entre otras. Ellas forman un total de noventaspersonas. Veinte acuden cuandose abre el juicio a pruebas. En esta caso la sentencia que dispone la indemnización tienen efectos para las veinte restantes, que no acudieron al juicio, quienes podrán presentarse dentro de los 20 días siguientes a la publicación del fallo, con el fin de obtener su indemnización.
La acción de cumplimiento
Es un mecanismo para hacer que las leyes se hagan realidad, y para hacer cumplir sus funciones a los empleados del estado. La acción de cumplimiento puede ser interpuesta por cualquier persona ante un juez, el cual ordenara la ejecución ya sea de la ley o ya sea del deber no cumplido.
Características
¿Cuándo Procede?
También tiene su origen la acción de cumplimiento en la Constitución Nacional en el artículo 87. esta norma expresamente por primera vez consagro de manera expresa la acción de cumplimiento como mecanismo destinado a lograr que las autoridades den cumplimiento a la normatividad superior leyes y actos administrativos. La norma expresa que, en caso de prosperar la acción, la sentencia debe ordenar a la autoridad renuente o que no quiere hacer su función al cumplimiento del deber omitido. Este mecanismo no es mas que un efecto natural y propio del Estado
Social de derecho, cuya característica especial es en primer termino, la obligación de acatamiento al orden jurídico superior que la misma carta impone tanto a los particulares como a las autoridades de acuerdo en sus artículos 2,4,,6,122,189 numeral 10, 305 numeral 1 y 315 numeral 1, así como la efectividad real de los derecho que la misma legislación consagra. De nada valen los beneficios consagrándose los textos para lograr la convivencia pacífica y el progreso de los asociados si de otra parte, la obligación de cumplirlos no se realiza.
¿Quiénes pueden interponerla?
Son titulares para ejercer la acción de Cumplimiento, toda personal en consecuencia, es susceptible de ser interpuesta por las personas jurídicas y las naturales, por nacionales y extranjeros, por los capaces y los incapaces.
¿Cuál es su objetivo?
El cumplimiento de disposiciones con fuerza material de ley o de actos administrativos. Procede cuando se evidencia el incumplimiento por acciones u omisiones de quienes tienen a su cargo hacer cumplir tales mandatos. Se excluyen por tanto, las actos jurisdiccionales. Es decir, las decisiones contenidas en las providencias de los funcionarios o de las
personas encargadas de administrar justicia. Como por ejemplo las sentencias, los autos, las conciliaciones.
¿Ante quién se interpone?
En principio se otorga la competencia a la jurisdicción de la contencioso administrativo. Pero como actualmente no funcionan los jueces de esa rama, la primera instancia esta a cargo de los tribunales y la segunda del consejo de estado. Es decir la demanda debe presentarse ante el tribunal administrativo del domicilio del accionante, entendido como tal, el lugar donde una persona vive con el animo de permanencia o aquel donde tiene sus negocios y actividades.
Vigencia de la acción de cumplimiento
Puede ser interpuesta en cualquier tiempo en que se constate el desacato de las autoridades respecto a una ley o a los mandatos contenidos en los actos administrativos.
Derechos de los trabajadores, derecho de asociación
Se encuentran promulgados en los artículos 38 y 39, los cuales garantizanlos derechos de trabajadores y empleados a construir sindicatos y asociarselibremente sin interrupción del estado en defensa de sus intereses, sin interrupción del estado, su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución de las asociaciones. Igualmente expresan que se le reconocerán a todos los representantes trabajadores sindicales el fuero es decir la garantía legal de no ser despedido sin justa causa, ni desmejorado de sus condiciones actuales de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por la autoridad judicial. Igualmente se garantizara el derecho de asociación a los trabajadores oficiales,
exceptuando los miembros del ejército nacional o de los cuerpos y miembros de policía. Art. 56 de la Constitución Nacional. Garantiza el derecho de huelga a todos los trabajadores, así como determino la creación de una
comisión permanente integrada por el gobierno y representantes de los empleadores y los trabajadores, la cual tiene como fin fomentar las buenas relaciones labores y la solución de conflictos de trabajo. A su vez este artículo aclara que tratándose de servicios públicos esenciales esta prohibida la huelga.
Derechos Constitucionales
Fundamentales
De los Deberes y Obligaciones
Deberes Ciudadanos
Se encuentran promulgados en el artículo 95 de la Constitución nacional, y versa así: la calidad de Colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla.
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica responsabilidades. Toda persona esta obligada a cumplir la constitución y las leyes.
Son deberes dela persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacifica.
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Comisión de DerechosHumanos62° período de sesionesTema 3 del programa provisional
Organización de los trabajos del Período de Sesiones Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*
Este informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2005 y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 61° período de sesiones.
Introducción
1. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. Dicha oficina fue establecida el 26 de noviembre de 1996, mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto
Ampliación
Cívica y Constitución Universidad de Pamplona - Materiales Virtuales 4 Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno
que vive el país. Ello debe permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión. El acuerdo fue prorrogado en
septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Álvaro Uribe hasta octubre de 2006.
2. En el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración del Presidente, se reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña un importante papel en el trabajo contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario […] por medio de la observación, el asesoramiento, la cooperación técnica y las actividades de información y promoción", y solicitó a la Alta Comisionada que presentase "un informe detallado en el que figure el análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia". Este informe cubre el año 2005, y va acompañado de cinco anexos: sobre recomendaciones, las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina
en Colombia; sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; sobre la situación de grupos particularmente vulnerables; y sobre desafíos frente a la desmovilización y su marco jurídico.
I. CONTEXTO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
3. Durante 2005 el panorama político del país giró en torno a los debates de importantes normativas y el impacto del conflicto armado interno. También se destacó la notable influencia de los paramilitares y el proceso de negociación y desmovilización de estos grupos. Asimismo, fue debatido ampliamente el Tratado de Libre Comercio (TLC).
4. En julio de 2005 la Corte Suprema eligió al nuevo Fiscal General, quien asumió el cargo en agosto. En julio se produjo la renuncia del Ministro de Defensa, quien fue reemplazado por el Secretario Jurídico de la Presidencia. la agenda política y normativa estuvo focalizada en el tema de la reforma a la Constitución para permitir la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República. Esta reforma fue declarada conforme a la Constitución por la Corte Constitucional. Lo mismo sucedió con la llamada "Ley de garantías" para el proceso electoral. El año estuvo marcado por retos importantes en materia de libertad de opinión y de expresión, incluyendo en el campo político, cuando el país se prepara para un nuevo proceso electoral en marzo y mayo de 2006. Distintas agrupaciones políticas estuvieron afectadas por atentados, amenazas y homicidios contra sus miembros.
5. Otro tema que acaparó la atención pública fue el proceso legislativo de la Ley Nº 975 de 2005 (llamada Ley de "Justicia y Paz"), objeto de largos debates en el Congreso. Esta ley, promulgada en julio, se encuentra pendiente de control de constitucionalidad en virtud de numerosas demandas. Se espera que se dé a conocer el fallo en los primeros meses de 2006. En octubre de 2005 se instaló la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación prevista en la Ley Nº 975. Queda pendiente la designación de los dos representantes de organizaciones de víctimas, dentro de los 13 miembros que la conforman.
6. Las negociaciones sobre el TLC con los Estados Unidos han estado marcadas por debates públicos acerca de la conveniencia de suscribirlo. Varios sectores de la opinión pública manifiestan temores por los posibles efectos negativos de algunas de sus disposiciones sobre ciertos sectores de la economía, y algunos aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales. El Gobierno continuó el combate contra los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. El Gobierno dio prioridad a una política de fumigaciones. Se registró una reducción del 7% de las áreas de cultivo, menor a la de años anteriores. Al mismo tiempo, se observó un aumento
significativo de cultivos en nuevas áreas y en áreas previamente cultivadas. En noviembre el Gobierno accedió a suspender
temporalmente las aspersiones aéreas contra cultivos ilícitos en la zona fronteriza con Ecuador. También se debatieron las fumigaciones en los parques nacionales. El narcotráfico constituye una de las fuentes principales de financiamiento de los grupos armados ilegales, junto con el secuestro, la extorsión y el contrabando de gasolina.
7. La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por el mantenimiento de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra la
retaguardia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), principalmente en el sur del país, iniciada el año pasado. Hubo esfuerzos constantes de la Fuerza Pública por mantener la iniciativa militar y hacer presencia continua en los principales cascos urbanos y carreteras. Las FARC-EP centraron sus acciones contra la Fuerza Pública por fuera de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, que son escenario de la operación militar más grande. Las zonas fronterizas con Ecuador, Nariño y Putumayo, y otras como el Cauca, experimentaron una escalada bélica. Putumayo y Araucan fueron dos de los departamentos más afectados por las acciones de los grupos armados ilegales, incluyendo paros armados, ataques a infraestructuras y un importante número de muertos y heridos. Las FARCEP continuaron los ataques contra las autoridades municipales, especialmente en Caquetá. No se registraron avances significativos en lo que se refiere a arreglos para lograr la libertad de los policías, militares y secuestrados civiles en poder de las FARC-EP, a pesar de diversos esfuerzos nacionales e internacionales.
8. Durante 2005 continuaron, con varias dificultades, las negociaciones entre los grupos paramilitares y el Gobierno y las desmovilizaciones de integrantes de esos grupos. En respuesta a las protestas de los jefes paramilitares, en octubre el Gobierno accedió a prorrogar el plazo de las desmovilizaciones, acordado para el fin de año, hasta mediados de febrero de 2006. A pesar del declarado cese de hostilidades continuaron acciones violentas de los grupos paramilitares que participan en la mesa negociadora. Gran parte de esas acciones estuvieron vinculadas directamente con el narcotráfico. Se hizo más patente el control y la
influencia ilegítima que estos grupos ejercen sobre la administración y sobre la vida política, social y económica en varias regiones del país. Otro aspecto de la problemática paramilitar tiene que ver con los nexos aun existentes entre miembros de los grupos paramilitares y servidores públicos.
9. Se publicaron dos nuevos informes de la Misión de Verificación de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA). En el último informe, de octubre, el nuevo Secretario General de la OEA propuso cumplir a cabalidad y con eficacia los objetivos de la Misión, en particular aquéllos destinados a reforzar de manera sustantiva la verificación de cuestiones vinculadas al respeto de los derechos humanos; a dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en el desarrollo de la desmovilización, el desarme y la reinserción".
10. En septiembre, el Gobierno permitió al vocero de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) salir de la cárcel, por tres meses, para que, con el apoyo de personalidades de la sociedad civil, explore con diversos sectores sociales posibilidades de establecer diálogos de paz. En diciembre se realizó un primer encuentro en el extranjero entre líderes del ELN y el Gobierno.
11. Entre otros temas de la realidad nacional, en los últimos meses del año, puede citarse la ocupación de predios rurales por centenares de indígenas del Cauca. Éstos reclamaban la propiedad de esas tierras y denunciaban incumplimiento de promesas gubernamentales sobre una rápida atención a sus requerimientos. Estas ocupaciones dieron lugar a violentos enfrentamientos entre indígenas y miembros de la Fuerza Pública. En noviembre se cumplieron veinte años de la toma del Palacio de Justicia por integrantes del M-19, que dejó un saldo de más de 100 personas muertas, entre ellas 11 Magistrados de la Corte Suprema. A la fecha no hay un solo condenado por esos crímenes. Para contrarrestar la situación de impunidad, la Corte Suprema nombró una comisión especial
de la verdad y la Fiscalía General reabrió las investigaciones.
12. El Asesor Especial para Colombia concluyó sus funciones de buenos oficios en abril de 2005, como anunció el Secretario General de las Naciones Unidas a finales de enero. Las funciones de buenos oficios del Secretario General se desempeñaron en Colombia desde 1999. El Secretario General también anunció que el ejercicio activo de sus buenos noficios se mantiene a disposición de Colombia si en el futuro próximo se produce un cambio de circunstancias y hubiera un pedido explícito de las partes.
13. Se celebró en Cartagena, en febrero, la segunda reunión de la Mesa de coordinación y cooperación internacional para Colombia, destinada a continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres, en julio de 2003. Los representantes de los gobiernos dieron a conocer una declaración en la que, entre otros temas, se alienta al Estado colombiano a continuar sus esfuerzos en la aplicación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
14. En mayo, la Alta Comisionada visitó Colombia. Durante su visita sostuvo reuniones con el Presidente y altos funcionarios de gobierno, del Congreso, la Corte Constitucional, el Procurador General, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, así como con organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, el cuerpo diplomático y el sistema de las Naciones Unidas. Realizó también un viaje al Chocó, donde se entrevistó con varias autoridades y representantes de comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Diócesis de Quibdó.
15. En julio visitó el país el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias. Al terminar su misión los representantes del grupo señalaron haber recibido información sobre más de 1.100 desapariciones ocurridas en Colombia, de las cuales casi 900 siguen sin esclarecerse.
II. Situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
16. En su trabajo, y para formular observaciones, valoraciones y recomendaciones, la Alta Comisionada se basa especialmente en tres
fuentes: estudia detenidamente los datos y las estadísticas oficiales; realiza una observación directa, sistemática y analítica en todo el país a través de misiones al terreno; y efectúa el procesamiento riguroso de quejas, conforme a definiciones claras establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. En el anexo III puede encontrarse información detallada sobre casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Definiciones conceptuales
17. Se entienden por violaciones de derechos humanos las acciones y omisiones que afectan a derechos contenidos en los instrumentos internacionales cuando tienen por autores a servidores públicos o se realizan por particulares con la aquiescencia de las autoridades. Se entienden por infracciones al derecho internacional humanitario, en elcontexto colombiano, las acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, a su Protocolo adicional II, y al derecho consuetudinario. Varias de las violaciones e infracciones constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, susceptibles de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
Situación de derechos humanos
18. La situación de derechos humanos se caracterizó, en parte, por una serie de violaciones graves. Éstas tienen que ver tanto con los derechos civiles y políticos como con los grandes desafíos pendientes en cuanto a losderechos económicos, sociales y culturales.
19. Cabe señalar que las violaciones graves no forman parte de una política deliberada del Estado. No obstante, la falta tanto de reconocimiento pleno de la problemática por parte del Gobierno, como de acciones suficientemente pertinentes de las autoridades, impidió rectificar la difícil situación. De esta manera, ciertas prácticas violatorias se han constituido en patrones de conducta.
20. Varias de las violaciones afectaron de manera especial a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas. A éstos se suman los servidores públicos locales, y particularmente concejales, así como periodistas, y personas detenidas.
21. Entre las graves violaciones están las que vulneran los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personales y a la libertad. En comparación con años anteriores, la oficina en Colombia registró un mayor número de denuncias de estas violaciones. A diferencia de años recientes, las denuncias confiables durante 2005, con mayor frecuencia, señalan como directamente implicados a miembros de la Fuerza Pública. En varios casos, las conductas de paramilitares comprometieron la responsabilidad estatal por la acción u omisión de funcionarios.
22. Varios de los indicadores de violencia a nivel nacional continuaronmostrando una tendencia decreciente, lo cual es positivo y representa un factor favorable respecto de la situación general. A la vez, todavía son muy altas las cifras absolutas de homicidios, masacres y secuestros. Es necesario recordar que aquellos indicadores no se refieren de manera específica y diferenciada a las conductas de los servidores públicos que,
directamente o por nexos con miembros de grupos paramilitares, constituyen violaciones de derechos humanos.
23. El declarado cese de hostilidades desde diciembre de 2002 de las AUC, y la desmovilización colectiva de varios grupos paramilitares desde finales de 2003, ha significado un descenso en las acciones violentas de estos grupos y, por consiguiente, en las violaciones atribuidas a sus miembros. Sin embargo, una serie de violaciones al cese de hostilidades continuó durante 2005 y resultó en ejecuciones y otras vulneraciones de los derechos humanos. En algunas áreas geográficas donde había desmovilizaciones, las violaciones aumentaron. Debe destacarse que las desmovilizaciones no parecen haber significado una disminución de la influencia o control de los grupos paramilitares en sus respectivas áreas geográficas. Más bien, a través de estrategias paralelas de presión y de
amenazas, se han consolidado y, en algunos casos, fortalecido en los campos económico, social y político.
Los derechos civiles y políticos
24. Durante 2005, la situación de los derechos civiles y políticos estuvo caracterizada por graves violaciones. Se dio seguimiento a denuncias de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personales, a la libertad y al debido proceso. Asimismo se denunciaron violaciones al respeto de la vida privada y de la intimidad, y a las libertades fundamentales de opinión y expresión, de reunión, de circulación y de residencia. La oficina en Colombia ha podido observar un patrón de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y la problemática de la impunidad. También se observaron detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes y ataques a la libertad de expresión. Varios de los casos que ejemplifican esta situación están desarrollados en el anexo III.
25. Ejecuciones extrajudiciales. La oficina en Colombia observó un incremento en las denuncias sobre acciones atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, y particularmente del Ejército. Esto se manifestó especialmente en el departamento de Antioquia, así como en Chocó, Norte de Santander, y en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. La mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena
Ampliación
Cívica y Constitución Universidad de Pamplona - Materiales Virtuales 11 del crimen. Muchas fueron investigadas indebidamente por la justicia penal militar. Se registraron casos en que los propios mandos habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos y simular una acción en combate.
26. La práctica de estas conductas, su negación por ciertas autoridades y la ausencia de sanciones a sus autores plantean la eventual responsabilidad de los superiores jerárquicos. Las investigaciones de la Fiscalía General han confirmado la existencia de ejecuciones extrajudiciales en casos ocurridos el año pasado, aun cuando las autoridades inicialmente habían negado públicamente los hechos. Esto debió alertar a las autoridades para actuar en consecuencia. El Gobierno habría mantenido reuniones a alto nivel para tratar ese tema.
27. Varios de estos casos afectaron a líderes sociales, indígenas y personas señaladas como auxiliadores o integrantes de la guerrilla, e inclusive a niñas y niños. Asimismo, se reportaron algunas denuncias de masacres atribuidas a miembros del Ejército, entre ellas en Antioquia. Otros casos se atribuyeron a paramilitares que actuaron con la aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública, especialmente en Putumayo y en Nariño. Varios fueron precedidos de detenciones arbitrarias y torturas. Las víctimas habrían sido sometidas a vejámenes durante los interrogatorios, antes de ser ultimadas.
28. Algunas denuncias indican ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública en acciones de "limpieza social" contra personas consideradas indigentes o drogadictas. Seis casos reportados en Medellín mostraban indicios de "limpieza social". Se reportó un caso de un joven con discapacidad, que había desaparecido. Su ejecución fue atribuida a miembros del Ejército en Cesar, y presentada como resultado de un combate.
29. También se registraron ejecuciones y amenazas de muerte por parte de paramilitares, a pesar del compromiso de un cese de hostilidades. Aquellas comprometieron la responsabilidad del Estado por la acción u omisión de servidores públicos, y particularmente de miembros de la Fuerza Pública. Se denunciaron casos de actuación coordinada en los que las víctimas habrían sido entregadas por paramilitares, ejecutadas posteriormente por militares, y luego presentadas como integrantes de grupos armados muertos en combate, particularmente en el área
Ampliación
Cívica y Constitución Universidad de Pamplona - Materiales Virtuales 12 metropolitana de Medellín (Antioquia). Otra modalidad pudo observarse en denuncias de víctimas ejecutadas por paramilitares y presentadas pormiembros del Ejército como muertos en combate, en Putumayo y en la Sierra Nevada de Santa Marta. También se denunció la colaboración de miembros de la Policía Nacional en la ejecución de una persona porm paramilitares del Bloque Central Bolívar- Libertadores del Sur en Nariño.
30. Se atribuyó responsabilidad estatal por la omisión de las autoridades, a pesar de la existencia de informes de riesgo y de alertas, que resultaron en ejecuciones, masacres y amenazas perpetradas por paramilitares, particularmente en Putumayo. También se atribuyó a la tolerancia manifiesta de las autoridades un caso en el que reconocidos paramilitares pudieron llevar a la víctima que iba a ser ejecutada por una ruta que pasa delante de un puesto de Policía sin ser molestados. La víctima había colaborado con la justicia para investigar a paramilitares y no habría recibido protección estatal a pesar de las amenazas de las que denunció haber sido objeto.
31. Desapariciones forzadas. Continuaron registrándose denuncias de desapariciones forzadas. Su práctica se hace más evidente cierto tiempo después de los hechos, a través del descubrimiento de fosas clandestinas, individuales o colectivas, como las de Salazar, Sardinata y, del área rural de Cúcuta (Norte de Santander) y de San Onofre (Sucre). En el caso de San Onofre, se observaron los nexos entre servidores públicos de la región y paramilitares. El trabajo de la Fiscalía General y otras instituciones, incluyendo el apoyo del nuevo Comandante de la Infantería de Marina de Corozal, permitió la exhumación de más de 60cadáveres. Entre éstos habría víctimas de menos de un año de edad. Lasvíctimas, varias de ellas torturadas antes de ser ejecutadas, aparecen desmembradas para ocupar menos espacio. A pesar de la evidencia de nexos de los paramilitares con funcionarios de la Gobernación, la Alcaldía, la Fuerza Pública, fiscales, y legisladores, no se conocen suspensiones preventivas ni sanciones.
32. Se registraron denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a miembros del Ejército en los departamentos de Cesar y Putumayo. Otras fueron atribuidas a grupos paramilitares en Bolívar, Meta y Valle, en las que se denunció responsabilidad estatal por acción u omisión. Adicionalmente, se señala a los departamentos de Casanare y Guaviare como particularmente afectados por esa práctica. Se advierte que no todas las denuncias de desapariciones forzadas son registradas, y que varios casos son registrados como secuestros. La Comisión Nacional de Desaparecidos reconoció que todos los casos registrados por el Grupo de trabajo de Naciones Unidas permanecen en la impunidad. Continúa agravándose esta problemática y limitando las perspectivas de identificación de los cuerpos exhumados.
33. Torturas y malos tratos. Se registró una serie de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle) que involucran a miembros de la Policía, del Ejército y a personal de centros de detención. Muchas de estas conductas quedan por fuera de los registros. La existencia de un patrón de tortura previa a la ejecución de las víctimas ha podido observarse a través de las lesiones que presentaron los cuerpos. Otras denuncias se refieren a la utilización de la tortura en interrogatorios de personas capturadas o detenidas. Se registraron denuncias de uso excesivo de la fuerza, particularmente por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía. Durante las manifestaciones del 1º de mayo, en Bogotá, murió una persona. Lo mismo ocurrió en Cali, en una manifestación en laUniversidad del Valle, en septiembre Durante las mingas indígenas deoctubre en Tolima se registró el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Con estas acciones se afectaron la libertad de expresión y de reunión pacífica.
34. Detenciones arbitrarias. Las denuncias de estas detenciones (en especial en Antioquia, Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Meta, Casanare, Cauca, Caquetá y en la región de Sumapaz), incluyendo casos de detenciones masivas, mostraron la persistencia de su práctica. Varias de ellas se atribuyeron a miembros del Ejército, y en algunos casos de la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Armada. Algunas detenciones se realizaron sin orden judicial. En varios de esos casos el Ejército actuó como dotado de funciones de policía judicial. En otros, se cuestionó la utilización de informes de inteligencia y sospechas o información proveniente de reinsertados como único o principal sustento de las órdenes de captura. También se denunciaron casos en que las órdenes fueron elaboradas posteriormente. Se denunció la existencia de un patrón de malos tratos durante las detenciones por parte del Batallón de Alta Montaña Nº 3 en Valle.
35. Se observa la necesidad de la revisión del concepto de flagrancia recomendada por la Alta Comisionada. Según la Policía Nacional, en los primeros nueve meses de 2005, tan sólo el 20% de las capturas fueron precedidas de una orden judicial, mientras el 80% restante lo fueron en flagrancia. Este concepto se habría aplicado a las personas implicadas en delitos de ejecución permanente o en aquellas sobre las que recae la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Cabe destacar la
sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional una disposición del nuevo Código de Procedimiento Penal que permitía la excepcional captura sin orden judicial por la Fiscalía.
36. Violencia sexual. Hubo un aumento de denuncias de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de servidores públicos, en particular miembros de la Fuerza Pública. Se registraron casos de violencia sexual, incluyendo violaciones, y de torturas contra mujeres atribuidas a miembros de la Policía y del Ejército, en ocasiones de manera grupal. Varios de estos actos afectaron a mujeres indígenas, y muchos ni se investigan.
37. Allanamientos ilegales o arbitrarios. La oficina en Colombia registró varias denuncias por estas violaciones atribuidas a miembros del Ejército, y en menor medida a la Policía, en Antioquia y Valle, incluyendo casos atribuidos a la Armada en este último departamento. Éstos afectaron a personas acusadas de vínculos con la guerrilla, incluyendo a defensores de derechos humanos. En algunos casos se cuestionó la ausencia de orden judicial y en otros que la orden no se basó en indicios suficientes. Varios allanamientos habrían sido acompañados de amenazas, malos tratos, daños a los bienes y hurtos.
38. Impunidad y violaciones del debido proceso. Pudo observarse la impunidad para muchos responsables de violaciones de derechos
humanos. Se registraron violaciones a la presunción de inocencia, a la independencia judicial, al debido proceso y a las garantías judiciales. Puede observarse como la impunidad afecta particularmente el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género. Los retos en materia de seguridad y de protección para víctimas, testigos y operadores de justicia continuaron constituyendo obstáculos para el acceso a una efectiva administración judicial. Esto se manifestó en amenazas y atentados sufridos por testigos y por funcionarios judiciales, en particular fiscales. Pueden apreciarse las consecuencias de la impunidad en varias
zonas del país. Por ejemplo, los homicidios y atentados que sufrió la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) en los últimos años no han sido esclarecidos. Este año se denunció la masacre de ocho personas, incluyendo dos de sus líderes, una ejecución, entre otros.También se registraron dos ataques contra comisiones judiciales.
39. Otro factor de impunidad ha sido la aplicación de la Ley Nº 782 y su Decreto Nº 128 de 2003, que prevé beneficios jurídicos incluyendo indultos a desmovilizados. Se denunció que, en muchos casos, los beneficios fueron concedidos sin una actuación consecuente de la Fiscalía para investigar y asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de las personas beneficiarias.
40. La presunción de inocencia fue objeto de violación por detenciones y allanamientos arbitrarios. Las personas detenidas o capturadas son presentadas con frecuencia ante los medios de comunicación como integrantes de la guerrilla o delincuentes comunes. Esta estigmatización expone a las víctimas a riesgos para sus vidas.
41. Las denuncias de alteraciones de la escena del crimen atribuida a miembros del Ejército mostraron una tendencia creciente. Esto se observó sobre todo en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales ocurridas en zonas rurales. El levantamiento de cadáveres por parte de miembros del Ejército contribuyó a aumentar el número de esos casos investigados por la justicia penal militar. La jurisdicción militar intentó casisistemáticamente asumir esas investigaciones. En varias ocasiones la Fiscalía remitió los casos a la justicia penal militar o se abstuvo de reclamar la competencia. Cabe destacar que, en algunas oportunidades, la iniciativa y actitud comprometida de los fiscales permitió que el caso fuera de conocimiento de la justicia ordinaria. Según la información del Consejo Superior de la Judicatura, de los conflictos de competencia planteados hasta agosto de 2005, sólo un caso de 31 habría sido decidido
a favor del fuero castrense. Esto indicaría un mayor acatamiento a la jurisprudencia sobre la interpretación restrictiva del fuero militar.
42. Violación de la libertad de expresión. Persistieron denuncias de amenazas y presiones en contra de la libertad de opinión y de expresión, particularmente contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos. Esto continuó provocando la autocensura y las limitaciones para el ejercicio libre de la opinión y la información. Se observaron situaciones de intolerancia de autoridades ante la presentación de información o estadísticas que eran consideradas desfavorables para la percepción sobre la situación de orden público o sobre la administración pública local. Esto afectó por ejemplo a los periodistas en Arauca, Cúcuta (Norte de Santander) y Cartagena (Bolívar). Se denunciaron presiones en relación con informes y datos sobre pobreza.
43. Desplazamientos forzados y otras restricciones. La libertad de circulación y residencia se vio afectada por desplazamientos internos de familias y comunidades, por amenazas y restricciones que provocaron el aislamiento de comunidades, así como por las presiones de autoridades sobre algunas de ellas para retornar a sus lugares de origen sin el respeto de las condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad. Varias situaciones han puesto en evidencia no sólo la actuación de servidores públicos con grupos paramilitares sino también la persistencia de esos vínculos y la tolerancia de las autoridades. Se registraron nuevas denuncias de nexos con paramilitares de miembros de la Policía y la Infantería de Marina en Bolívar, del Ejército en Chocó y de la Policía enNariño.
Los derechos económicos, sociales y culturales
44. Pobreza. La situación de pobreza sigue siendo muy grave. Más de la mitad de la población, es decir más de 22 millones de colombianos, tienen un nivel de ingresos que los sitúa en la pobreza. Entre los pobres están particularmente afectados los grupos étnicos, las mujeres y la niñez. El cálculo de la línea de pobreza ha suscitado un amplio debate público sobre la metodología para determinar el número de personas que viven en la pobreza o en la indigencia. En algunas ocasiones se utiliza la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Según ésta se ha visto una disminución en el nivel de pobreza por los aumentos del gastopúblico en educación, salud y saneamiento básico.
45. Inequidad. Colombia sigue siendo un país con altos grados de inequidad. El 20% de la población más rica recibe el 62% de los ingresos laborales mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%. Según el índice de Ginila desigualdad no ha disminuido durante los últimos años. En comparación con el año 1996 el índice de Gini ha aumentado (de 0,544 a 0,56 en el año 2004). La inequidad económica se refleja también en el acceso limitado a ciertos bienes y servicios por parte de los más desfavorecidos. La desigualdad se manifiesta marcadamente entre los sectores urbano y rural. La diferencia de ingreso por persona en la zona
urbana es casi dos veces y medio mayor a la de la zona rural.
46. Empleo. Según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la tasa general del desempleo disminuyó a 10% al final de 2005, acercándose al nivel que existía en 1997. El desempleo de mujeres es más alto que el de los hombres. La tasa alta del subempleo, aproximadamente 31%, no ha disminuido.
47. Educación. Se estima que 1,6 millones de niños se encuentran por fuera del sistema educativo. Esto equivale al 13% de la población de niños y niñas entre los 5 y 17 años. Adicionalmente, hay marcadas inequidades entre las zonas urbanas y rurales. Mientras las primeras tienen una cobertura de 91%, en las segundas solo el 77% de los niños y las niñas en edad de recibir educación asisten a un establecimiento educativo. La repetición del año escolar en el sector oficial duplica o triplica, a la del sector privado. La tasa de deserción escolar para ambos sexos ha venido disminuyendo en los últimos años.
48. Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud aún no garantiza la cobertura global. El 33% de los colombianos no cuenta con afiliación al sistema. La precariedad en el acceso a la salud de estos últimos se ha visto agravada por el cierre de instituciones de la red pública hospitalaria y la reducción de camas disponibles.
49. Vivienda. Sigue existiendo un déficit grande de viviendas en el país. Según estimaciones hace falta construir más de 2 millones de viviendas nuevas para cubrir el déficit. A pesar de ello, el nivel de construcción de viviendas de interés social siguió siendo muy bajo durante el año 2005. En contraste, continuó creciendo la construcción de viviendas en los estratos más altos. Respecto de la cobertura de saneamiento básico en las viviendas, el 74% cuenta con servicio de alcantarillado y el 88% cuenta con servicio de agua potable.
Panorama general del derecho internacional humanitario
50. La oficina en Colombia pudo observar la persistencia de graves infracciones por parte de miembros de los grupos armados ilegales, en particular por las FARC-EP y las AUC. Todos esos grupos continuaroncometiendo ataques y amenazas, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, tomas de rehenes y actos de terrorismo. También continuaron con desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas, violencia sexual contra mujeres y niñas, e irrespeto de la misión médica. Los civiles, y en particular los grupos étnicos, se vieron afectados por la restricción del transporte de alimentos, medicinas y personas. Otras acciones provocaron el aislamiento de comunidades. Las guerrillas persistieron en la utilización de minas antipersonal.
51. Las estadísticas oficiales siguen sin permitir identificar adecuadamente los indicadores referidos a homicidios de personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, para distinguirlos de las muertes producidas por la delincuencia común.
52. Se registraron también infracciones atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, en particular por el irrespeto de los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad. Esto se observó en denuncias de homicidios de personas protegidas, amenazas, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y violaciones al principio de inmunidad de la población civil. También se tradujo en bloqueos de comunidades, de alimentos y de medicinas, así como de violencia sexual contra mujeres y niñas.
Guerrillas
53. El total desconocimiento y desprecio por los deberes humanitarios por la guerrilla, en particular de las FARC-EP, pudo observarse en la persistencia de la comisión de graves infracciones. Se registraron homicidios, masacres, ataques y amenazas a la población civil, ataques indiscriminados, actos de terrorismo y toma de rehenes. Se observaron también desplazamientos forzados, irrespeto a la inmunidad de la población civil, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, y ataques a la misión médica.
54. La Oficina registró varios homicidios atribuidos a las FARC-EP, en particular contra la población campesina. Entre ellos se registraron varios homicidios selectivos de concejales, alcaldes y líderes políticos, e indígenas, especialmente en Cauca, Caquetá, Huila, Nariño y Quindío. También se registraron las masacres de 16 personas en Tame (Arauca),
incluyendo víctimas mujeres y niños, de 14 personas en el Bajo Cauca (Antioquia), y de otras seis, incluyendo cuatro concejales, en Caquetá. A las FARC-EP se atribuyeron amenazas de muerte contra la población civil, particularmente en Arauca, Norte de Santander y Putumayo. En varias situaciones esas amenazas provocaron desplazamientos forzados. Al ELN se lo responsabilizó por homicidios, tales como el de un reinsertado de las FARC-EP en Valle, y el de cuatro civiles, incluyendo
dos sacerdotes, en el Norte de Santander, así como varias amenazas de
muerte contra civiles.
55. Los ataques ocurridos en el Cauca, en los municipios de Caldono y de Toribío, así como en El Tarra (Norte de Santander) y en Puerto Guzmán (Putumayo), son representativos de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados atribuidos a las FARC-EP, con serias consecuencias sobre personas y bienes civiles. Particularmente graves fueron los casos que afectaron a niños y niñas por la utilización de escuelas como base de operaciones o por su cercanía al objeto de ataque. Así sucedió en los municipios señalados del Cauca y en Arauquita (Arauca). Al ELN se atribuyó el ataque con cilindros de gas contra civiles en Nariño.
56. Continuaron registrándose actos de terrorismo, particularmente atribuidos a las FARC-EP, a través de la utilización de artefactos explosivos, algunos ubicados en bicicletas o caballos. Entre ellos puede citarse los ocurridos en Gigante (Huila), y en Puerto Toledo (Meta), que provocaron víctimas fatales y heridas, entre ellas una mujer embarazada y niños, o en Cumbitara (Nariño), que provocó heridas y afectó a numerosas casas. Se denunció la responsabilidad de un comando conjunto de las FARC-EP y del ELN en la utilización de una bicicleta con explosivos en Arauca.
57. Líderes comunitarios y políticos, así como defensores de derechos humanos, religiosos, e indígenas estuvieron entre los más afectados por la persistencia de la práctica de la toma de rehenes de las guerrillas de las FARC-EP, y en menor medida del ELN. Entre otras, se registró la toma de rehenes de cinco integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Jiguamandó (Chocó) y la de un periodista en Dabeiba (Antioquia), atribuidas a las FARC-EP. La toma como rehén de un líder comunitario y ex concejal en Samaniego (Nariño) fue atribuida al ELN. Las guerrillas continuaron incumpliendo la obligación de conceder un trato humano a las personas privadas de la libertad en el marco del conflicto
armado. Se atribuyó a las FARC-EP la muerte de los rehenes en su poder en Urrao (Antioquia), en Córdoba, y Nariño, así como al ELN en Nariño y Quindío.
58. Las amenazas y los combates en los que participaron las guerrillas provocaron importantes desplazamientos de personas, familias y comunidades. A las amenazas de las FARC-EP se atribuyó el desplazamiento de 320 personas de Cocorná (Antioquia) y de unas 500 personas en Córdoba. A las presiones del ELN se atribuyó el desplazamiento de unos 110 personas, incluyendo niños, niñas y líderes de la comunidad indígena wiwa de Dibulla (Guajira). En varios casos, las acciones fueron acompañadas de saqueos y pillajes. El ataque de las FARC-EP a Toribío (Cauca) provocó el desplazamiento de más de 5.000 personas.
59. Las FARC-EP y el ELN persistieron en su práctica de sembrar minas antipersonal que afectaron a numerosas víctimas civiles, incluyendo a niños y niñas, además de a soldados. Se registró el reclutamiento de niñas y niños por parte de las FARC-EP en Urrao (Antioquia) y de un niño indígena de 9 años, en Ricaurte (Nariño). Se denunció el homicidio de un niño informante del Ejército en Teteyé (Putumayo), atribuido a las FARCEP. Las mujeres también fueron víctimas de violaciones por parte de ese
grupo ilegal. La misión médica continuó siendo víctima de amenazas, natentados y homicidios por las FARC-EP, particularmente en Arauca, Bolívar, Caquetá y Norte de Santander. Otros casos fueron atribuidos al ELN en Arauca. La población de varias zonas se vio afectada por bloqueos y acciones de la guerrilla. El bloqueo de comunidades sobre el
río Caquetá (Putumayo) fue atribuido a las FARC-EP. En el Sur del Chocó, la acción de las FARC-EP y de las AUC provocó
desabastecimiento a unos 900 campesinos. Paramilitares
60. Los grupos paramilitares, incluyendo los comprometidos en el cese de hostilidades, persistieron en la comisión de graves infracciones, tales como homicidios, amenazas, ataques contra la población civil, toma de rehenes, torturas y tratos degradantes o humillantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual.
61. Se atribuyeron a los grupos paramilitares homicidios, tanto individuales y selectivos como colectivos, que afectaron particularmente a líderes comunitarios, líderes indígenas, políticos y autoridades locales. Ejemplos de ello fueron los homicidios de una líder local y miembro del Polo Democrático, en Baranoa (Atlántico), y de dos líderes comunitarios en San Miguel y en Orito (Putumayo). Pueden citarse igualmente los casos de los líderes indígenas paeces en Cauca, y wiwas en San Juan del Cesar (Guajira). Los periodistas fueron víctima de amenazas de los paramilitares. Los fiscales, en especial en La Hormiga (Putumayo), fueron
también afectados por amenazas y homicidios. Un caso grave fue el protagonizado por alias Don Berna, jefe de un bloque paramilitar
desmovilizado. Este fue señalado como responsable de los homicidios de un diputado del departamento de Córdoba, su hermana yotra persona, en Tierralta, en las cercanías de la Zona de Ubicación.
62. A miembros de las AUC se les atribuyó la masacre de 4 miembros de una familia en Maní (Casanare) y de otra en Barrancabermeja (Santander), y de siete personas, más cuatro desaparecidas, en San Miguel (Putumayo).
Se atribuyó la masacre de 12 jóvenes afrocolombianos a desmovilizados del Bloque Calima en Buenaventura (Valle). Se registraron ataques y amenazas contra la población civil que fueron atribuidos a grupos paramilitares, particularmente contra comunidades indígenas en el Norte de Santander. Los paramilitares recurrieron a la toma de rehenes que afectó a indígenas, defensores de derechos humanos y campesinos, como en Antioquia, Nariño, Meta y Putumayo. Se registró la toma de rehenes de siete personas atribuida a desmovilizados del Bloque Calima de las AUC en Valle. Los rehenes habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían matado.
63. Se denunciaron torturas y tratos degradantes o humillantes, entre otros en Antioquia, Cauca y Cesar. Jóvenes, niños y niñas continuaron siendo víctimas del reclutamiento de grupos paramilitares, en particular en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia) y en Tame (Arauca). Lo mismo se dio en el Carmen, en un resguardo de la comunidad indígena Motilón Barí (Norte de Santander). Esto contrasta con el compromiso de desmovilización y cese de hostilidades de varios de esos grupos.
64. La presencia de grupos armados ilegales y los combates entre miembros de las AUC e integrantes de las FARC-EP provocaron desplazamientos gota a gota de familias en San José del Palmar (Chocó). También dieron
lugar a desplazamientos masivos de 60 familias afrocolombianas en nBarbacoas (Nariño), y de 42 familias en el San Pablo (Bolívar). En febrero provocaron uno de los mayores desplazamientos masivos de aproximadamente 2.000 personas de seis comunidades afro-colombianas en Bojayá (Chocó). Los paramilitares también fueron denunciados por bloqueos de alimentos, medicinas y combustibles, así como por restricciones al traslado de personas que afectaron seriamente a la población civil, provocando desplazamientos forzados y saqueos. Esto se observó particularmente a lo largo del río Bojayá (Chocó) y aparentemente con la tolerancia de las autoridades. También se denunciaron saqueos y pillajes en Arauca, Chocó, Córdoba y Norte de Santander.
65. Las mujeres y las niñas han continuado siendo víctimas de los grupos paramilitares, en particular por actos de violencia sexual. Entre éstos pueden señalarse el secuestro y violación de una defensora de derechos humanos en Nariño, y de dos niñas hermanas en Tierralta (Córdoba), atribuidas a desmovilizados del Bloque Catatumbo de las AUC.
Fuerza Pública
66. Se observó la persistencia de acciones atribuidas a miembros de laFuerza Pública, particularmente del Ejército, por irrespeto del principio humanitario de distinción, que afectaron a personas y bienes civiles. Estas situaciones ponen en evidencia del insuficiente examen previo, a la luz de los principios humanitarios, de las operaciones militares por parte de mandos del Ejército en la planificación y en las órdenes operativas. En varias ocasiones se ha incumplido el principio de distinción por la estigmatización de la población civil por parte de las autoridades. Ejemplos de ello se vieron en Caquetá, en San José de Apartadó (Antioquia) y en Arauca, entre otros.
67. La utilización de escuelas y viviendas, o de lugares cercanos a éstas umotros espacios de concurrencia de población civil como base de operaciones ha provocado la muerte de civiles por ataques indiscriminados de la guerrilla. Se observó la construcción de
instalaciones militares en medio de una concentración de civiles, como en Toribío (Cauca), y la existencia de tropas del Ejército que ocupaban viviendas de la población civil en Tibú y Teorama (Norte de Santander) y en pueblos del río Bojayá (Chocó). Esto hace difusa la aplicación del principio de distinción y puede poner en riesgo a las personas, sobre todo
considerando la indiferencia de la guerrilla por esos principios humanitarios. La Oficina pudo observar un mayor esfuerzo por parte de la Fuerza Aérea en la consideración de los riesgos para la población civil enla planeación de sus operaciones.
68. El irrespeto de esos principios es también atribuida a miembros delEjército por la utilización de niños como informantes. La Oficina pudo observar esta situación en Putumayo, en donde un niño informante de 11 años habría sido víctima de homicidio, atribuido a las FARC-EP. Se registró igualmente la muerte de otro menor debido a un artefacto explosivo mientras que era obligado a transportar tropas del Ejército en San Pablo (Bolívar). Entre otros actos denunciados se incluyen ataques indiscriminados desde helicópteros de miembros del Ejército en San José de Apartadó (Antioquia), así como de la Fuerza Aérea Colombiana en Nariño.
69. Se denunciaron casos de violencia sexual contra mujeres, en el marco de operativos militares, atribuidos a miembros del Ejército. La población civil se vio afectada por restricciones y bloqueos al transporte de personas, medicamentos, alimentos y combustibles. Éstos, en ciertas circunstancias, han originado desabastecimientos en la población y desplazamientos forzados, particularmente en Arauca, Caquetá y Meta.
Problemas EspecíficosDerechos humanos y conflictos
Los conflictos armados, no entre naciones sino entre facciones opuestas dentro del mismo Estado, son en la actualidad una de las amenazas másgraves a la paz y la seguridad internacionales. Aunque se trata de situaciones de violencia interna, éstas a menudo trascienden las fronteras nacionales, poniendo en peligro la seguridad de otros Estados y provocando complejas emergencias de índole humanitaria. La cantidad de muertos apenas da una idea del sufrimiento, desplazamiento y devastación enormes causados por los conflictos. Los ataques contra el derecho fundamental a la vida son generalizados: matanzas, ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones de prisioneros, poblaciones enteras que se mueren de hambre... La tortura es común en los conflictos internos, igual que las medidas para restringir la libertad de circulación
(reasentamientos forzados, expulsiones en masa y derogación del derecho a solicitar asilo o del derecho de la persona de regresar a su hogar). Las mujeres y niñas son violadas por los soldados y obligadas a prostituirse y se secuestra a los niños para convertirlos en soldados. Decenas de miles de personas detenidas en conexión con los conflictos "desaparecen" todos los años, generalmente asesinadas y enterradas en secreto, y sus familias atormentadas no conocerán jamás la suerte que han corrido. Miles de otras son encarceladas arbitrariamente sin ser nunca enjuiciadas o, de serlo, sometidas a procesos judiciales extraordinariamente injustos. Se destruyen deliberadamente hogares, escuelas y hospitales. Se ataca a los convoyes de socorro, que tratan de suministrar asistencia humanitaria a los civiles. La denegación de los derechos fundamentales relacionados con el empleo, la vivienda, los alimentos y el respeto de la vida cultural, así como la discriminación en gran escala y el excluir a las personas de los procesos de adopción de decisiones de la sociedad, son las causas fundamentales de muchas de las graves crisis actuales. Los conflictos armados ilustran Cívica y Constitución Universidad de Pamplona - Materiales Virtuales Prioridad de las Naciones Unidas Problemas Específicos
claramente la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. El desplome de la infraestructura y las instituciones cívicas socava toda la gama de derechos civiles, económicos, políticos y sociales. Los derechos a unam atención de la salud, vivienda y educación adecuadas, libertad de circulación y expresión, privacidad y juicio imparcial son sólo algunos de los derechos y libertades fundamentales que sufren cuando se cierran hospitales y escuelas y se contamina el agua y el saneamiento, cuando los gobiernos locales no pueden funcionar y cuando la policía y el sistema judicial están destruidos o son corruptos. Cuando las fuerzas armadas asumen las funciones de la
policía civil y los tribunales militares enjuician a civiles, se produce a menudo una militarización creciente de las instituciones gubernamentales. Los conflictos prolongados afectan también a las zonas rurales: la destrucción de las cosechas destruye la productividad de la agricultura de subsistencia yconduce a la escasez crónica de alimentos, la malnutrición y el hambre. La mala salud y la pobreza son a menudo las consecuencias a largo plazo más devastadoras de los conflictos.
Derechos humanos y transición a la paz En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993, se afirmó el vínculo crucial que existe entre la paz, los derechos humanos. Las NacionesUnidas están intensificando sus esfuerzos por prevenir conflictos, o ponerles fin, mediante medidas para reducir las violaciones de los derechos humanos en situaciones de violencia interna. Se está poniendo énfasis especial en la protección de las minorías, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la realización del derecho al desarrollo y el logro del respeto universal de los derechos humanos. Prevenir que ocurran violaciones de los derechos humanos en gran escala, responder a las violaciones antes de que se conviertan en conflictos y controlar y resolver los conflictos antes de que aumenten aún más, son los objetio fundamentales de la accion preventiva.
Elaboración de normas humanitarias fundamentales
De igual forma que los derechos humanos son un elemento clave en los esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la paz, su protección es una prioridad reconocida en las operaciones humanitarias. Las Naciones Unidas encabezan actualmente esfuerzos por establecer normas humanitarias mínimas, o sea, normas fundamentales de derechos humanos y derecho humanitario que puedan aplicarse en toda circunstancia para la protección de los derechos humanos, ya sea, por ejemplo, en situaciones de conflicto o de éxodo en masa. Se trata así de forjar el marco de derechos humanos
Problemas Específicos
necesario para encontrar soluciones a largo plazo a las causas profundas de los conflictos y para prevenir los excesos que hacen tan difícil la
reconciliación. Las Naciones Unidas instan a las autoridades nacionales a respetar las normas internacionales de derechos humanos en tales
situaciones. Sin embargo, uno de los problemas actuales más urgentes es cómo responsabilizar a los elementos que cometen crímenes de lesa humanidad y que no son Estados como por ejemplo los actores armados al margen de la ley.
Un enfoque basado en los derechos
Con los derechos humanos se pueden forjar vínculos esenciales entre la paz, la democracia y el desarrollo. Por eso, si ejerce plenamente su poderosa influencia, el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas podrá facilitar el éxito de la transición entre las operaciones de mantenimiento de lapaz y asistencia humanitaria de emergencia y, a largo plazo, la consolidación
de la paz y el desarrollo sostenible. Las sociedades que están saliendo de los conflictos civiles tienen necesidades especiales en materia de derechos humanos y desarrollo económico. La complejidad de las situaciones a raíz de los conflictos exige que se le preste atención especial a reparar los daños en gran escala causados a las infraestructuras económica, de salud y educacional. Además fortaler el respeto de los derechos humanos y crear el clima de confianza mientras se recupera.
Romper el ciclo de inpunidad
Para solucionar un conflicto, hay que ocuparse de los atropellos cometidos, sobre todo de los cometidos contra la población civil. Un tema que se repite en todas las violaciones de derechos humanos en los conflictos es que, una y otra vez, miembros de grupos armados matan, torturan, violan o atacan a civiles prácticamente con impunidad, al parecer confiados en que nunca van
a tener que dar cuenta de sus crímenes. El de impunidad es un concepto relativamente nuevo para describir un injusto fenómeno: el que no se castiguen las violaciones graves y ni siquiera se indemnize adecuadamente a las víctimas. La forma en que un Gobierno reacciona a las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus funcionarios, es un signo inequívoco del grado en que está dispuesto a proteger eficazmente los derechos humanos. Ya que muy a menudo, el compromiso de respetar los riales Virtuales
Problemas Específicos
derechos humanos declarado por un Gobierno es contradecido en la práctica por la alternancia de un ciclo de violencia y otro de impunidad.
Por esta razon las Naciones Unidas están intensificando sus esfuerzos por llevar a la justicia a los perpetradores de tales crímenes y romper así el ciclo de la impunidad. La responsabilidad penal y el castigo de quienes cometen violaciones graves de los derechos humanos son dos de las formas más eficaces de solucionar las injusticias graves y fomentar la necesaria reconciliación
Hacia una Corte Penal Internacional
En 1945, en el Tribunal de Nuremberg, que enjuició a criminales de guerra de la Alemania nazi, la comunidad internacional se comprometió a "nunca más" permitir crímenes monstruosos contra la humanidad o genocidio. Durante casi medio siglo, las Naciones Unidas han reconocido la necesidad de una corte mundial que enjuicie y castigue a los responsables de crímenes de envergadura internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión.
Establecimiento de la Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional (CPI) se estableció, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una corte penal internacional, celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998. Delegaciones de 160 países, 17
organizaciones intergubernamentales, 14 organismos especializados y fondos de las Naciones Unidas y 124 ONG participaron en esta histórica conferencia de cinco semanas de duración.Aspectos legales de la homosexualidad en Colombia
Normas estatutarias y Constitucionales
Incurrir en actos homosexuales no esta prohibido por la ley en Colombia desde que entro en efecto el Decreto 100 en 1980.Anteriormente estas conductas eran castigables bajo el Código Criminal de 1936. La edad de consentimiento para incurrir en actos sexuales es la misma para mujeres y hombres, 14 anos. Quien incurra en actos sexuales con una persona menor de 14 anos esta sujeto a castigo bajo la sección del código titulada " Abusivo acto a acceso carnal"; el castigo va de uno a seis anos de
prisión. Si las dos personas involucradas son ambas menores de 14 anos , su conducta no es castigable porque las personas de esta edad no son consideradas como sujeto del código criminal. La constitución en efecto desde 1991 incluye una serie de provisiones que son de especial interés con respecto a los derechos de la comunidad gay en Colombia Sin duda estas provisiones han representado un gran avance , en el papel, en las libertades y derechos de los Colombianos lo que es aplaudible. Esta constitución crea una base sin precedentes para legislación, cuyo objetivo es traer a efecto los derechos constitucionales. Estos derechos fundamentales incluyen la nueva acción de tutela establecida, una forma especial diseñada para proteger a los ciudadanos en contra de violaciones inminentes de sus derechos constitucionales. Esto representa un paso hacia adelante que merece reconocimiento. Al lado de la acción de tutela ( Articulo 86) algunas provisiones en la nueva constitución son:
§ Igual protección bajo la ley para todas las personas, sin importar suestado como minoría (Articulo 13)
§ El derecho a la "Intimidad personal y familiar " (Artículos 15 y 21)
§ El derecho al "libre desarrollo de la personalidad" ( Articulo 16)
Aspectos legales de la homosexualidad en Colombia
§ El derecho a la libre expresión (20), libre asamblea (37) , y libre asociación (38)
§ El establecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad, incluyendo aquellas creadas " a través de la decisión responsable de formar un hogar" (42)
§ De especial interés para la comunidad gay es el derecho al libre desarrollo de la personalidad que algunos han sugerido garantiza implícitamente la libertad en el desarrollo de la orientación sexual.
Casos Jurídicos Reales
Para implementar la Constitución y en reacción a la acción de tutela, la Corte nConstitucional ha hecho una serie de pronunciamientos sobre los derechos de los hombres gay y mujeres lesbianas.
Dos decisiones judiciales importantes vale la pena mencionar. Antes de eso debe ser explicado que cuando las decisiones son hechas por los cuerpos Judiciales colombianos (Tribunales, Suprema Corte, y la Corte Constitucional), un juez elabora una opinión propuesta para la corte y los otros dos jueces en el caso pueden responder de dos formas. Primer , ellos pueden "aclarar" su posición (Aclarar el voto). Esto pasa cuando los otrosjueces concuerdan con el curso de acción propuesto por el primer Juez, pero no están de acuerdo con las bases de la decisión adoptada. Segundo , ellos pueden diferir de la opinión propuesta (Salvamento de Voto). Si una mayoría
difiere de la opinión propuesta, entonces un nuevo juez es llamado para escribir otra. El Caso del Estudiante de Policía Expulsado
En Marzo 7, 1994 en respuesta a una acción de tutela, la tercera sala de apelaciones de la Corte Constitucional, con Eduardo Cifuentes Muñoz como Juez, declarando la opinión con una "Aclaración de Voto" por parte del Juez José Gregorio Hernández Galindo, extendió protección Judicial por derechos fundamentales del debido proceso, el derecho a una reputación, y el derecho
a una educación a José Mora . Mora había sido expulsado de la Academia de Policía Nacional bajo las bases de "Infracciones incluyendo mal comportamiento, reportado por Oscar Sandoval, un estudiante que declaro haber visto a Mora Gómez en lacompañía de Hemelberg Godoy dedicados a caricias mutuas , abrazos y actos inmorales y anormales entre hombres, en violación del Articulo 121, Decreto 100 de 1989" .El articulo mencionado es parte del código interno de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Mora Gómez trajo la acción de tutela en
Aspectos legales de la homosexualidad en Colombia
Julio de 1993. El Juez sexto criminal del Circuito de Villavicencio , fue el primero que escucho la demanda, la rechazo, argumentando entre otras cosas que bajo el articulo 121(46) del decreto 100 de 1989, " dedicarse a actos homosexuales" es una forma de mal comportamiento. Por su parte ,el juicio de la Corte Constitucional declara que "Basado en la homosexualidad de una persona, uno no puede concluir que existe
indignidad personal o institucional. La naturaleza negativa de la representación usual de la homosexualidad no debe ser una razón para afirmar que la dignidad de las fuerzas armadas ha sido afectada. La prohibición de todos los tipos de practicas sexuales dentro de las fuerzas armadas esta justificada pro razones de disciplina... La condición de homosexualidad no debe ser declarada o manifestada. La institución tiene el derecho a requerir de sus miembros discreción y silencio en materias de preferencia sexual . El acto de sancionar una persona por su homosexualidad no puede ser basada en un juicio moral ni tampoco en la solo hipotética probabilidad de que la institución estaría en peligro ,sino en la clara y objetiva luz que el normal desarrollo y objetivos de las fuerzas
armadas han sido afectados.” Mas adelante la corte agrega, " En los reportes de amaneramientos del estudiante Mora Gómez la idea de base es que la dignidad de la institución y sus miembros han sido afectados , lo que esta en conflicto con los requerimientos constitucionales de tolerancia, igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad, que todas las instituciones deberían respetar."
La desafortunada "Aclaración de Voto" por el Juez José Gregorio Hernándezdice : " Yo no considero este como un debido proceso oponiéndose al inalienable derecho de las instituciones , particularmente las fuerzas armadas y la policía, dada su función ,de prevenir cualquier homosexual de unirse a sus tropas." La decisión interpreta el Constitucional como la prohibición hacia la Policía
Nacional, y presumiblemente las Fuerzas Armadas de excluir homosexuales de sus filas, basados solamente en que la presunción de que la actividad sexual ocurrirá en una oposición moral general a la homosexualidad . También prohíbe a estos grupos de usar estereotipos como Mora Gómez " amaneramientos afectados" para sacar sospechados homosexuales,requiriendo por el contrario que muestren tolerancia y respeto por el "libre desarrollo de la personalidad". En teoría al menos, esta decisión podría tener importantes repercusiones para todas las instituciones gubernamentales en Colombia.
Aspectos legales de la homosexualidad en Colombia
El Caso del Comercial de Televisión
Menos positivo fue el juicio fechado Noviembre 30, 1994 de el 9 Sala de la Corte Constitucional bajo el liderazgo del Juez Vladimiro Naranjo Mesa. La corte rechazo una petición de acción de tutela traída por un grupo demciudadanos quienes consideraban sus derechos violados por el ConsejoNacional de Televisión, el cual prohibía la emisión de un comercial de Televisión acerca del SIDA mostrando dos hombres besándose en la Plaza de Bolívar. La petición de tutela fue rechazada porque se consideraba que " no eran los medios adecuados" para proteger los derechos que se decían habían sido violados. Aun mas , el juez quien propino la opinión de la corte incluyo un innecesario análisis rechazando los derechos de los hombres gays y lesbianas, de esta forma intentando denegar la protección Constitucional a la comunidad gay y lesbiana. Sin embargo los resultados de este caso no son completamente negativos. Las Aclaraciones de Voto de los otros dos jueces quienes componían la sala novena, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera, contenían la siguiente,declaración: " La condición de homosexualidad no disminuye el estatus como ser humano dotado de dignidad. Todos los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución son aplicables a los seres humanos , sinimportar su conducta sexual. De esta forma, todas las consideraciones basadas en conducta sexual como un factor de desigualdad traen dentro de si la semilla de la discriminación. Por esta razón, la Corte no debe desarrollar analices basados en la suposición que los homosexuales debe ser tratados como algo diferente del resto de la humanidad. Así, todos los motivos distintos de que la acción de tutela no era el mecanismo apropiado son irrelevantes en la decisión, dado que este es un acto administrativo el cual puede ser efectuado en un foro judicial alternativo. Esto era suficiente para rechazar la tutela. Lo demás es irrelevante”. Aunque el caso se perdió, es posible tener algo de esperanza por la imparcialidad de estos dos jueces quienes reconocen los básicos derechos constitucionales de lesbianas y hombres gay. Esta Aclaración de Voto, junto con la decisión anterior, nos da una razón para creer que las garantías extendidas de los derechos humanos básicos proveídas por la constitución de 1991 pueden ser usadas para asegurar que los miembros de las minorías
sexuales reciban un trato justo e igualitario por parte de las institucionespublicas en Colombia.
Aspectos legales de la homosexualidad en Colombia
Ya sea que estas decisiones de la corte se transformen o no en un respeto general por los derechos humanos de los hombres gay y mujeres lesbianas Colombianos es otra cosa. No sabemos aun cual será el impacto de estasdecisiones.
El establecimiento de la Corte deja bien sentado que la comunidad internacional ya no va a tolerar violaciones de los derechos humanos sin asignar responsabilidad por las mismas. A diferencia de los tribunales especiales, la Corte constituye un mecanismo amplio para castigar a los perpetradores de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Laseguridad de que, por lo menos, algunos de los perpetradores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio serán enjuiciados es un importante elemento disuasivo que, en sí, quizás constituya un incentivo para ponerle fin a los conflictos.
Problemas Específicos
Con la CPI se forja un eslabón pérdido del órden jurídico internacional, ya que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, sólo se ocupa de casos entre Estados. La CPI actuará en base al principio de la responsabilidad individual, que se aplicará con igualdad y sin excepción a toda persona. El castigo apropiado se la aplicará tanto a los jefes de Estado y comandantes como a los soldados de bajo rango y a los reclutas de milicias, etc. Garantizar la responsabilidad a nivel internacional es crucial, sobre todo en situaciones de violencia interna en países donde no hay gobierno legitimo.